Respecto a la situación del birtánico Richard Rudd.
Afirmar que “hacer testamento vital puede ser dañino para la salud, porque uno puede cambiar de opinión” es sólo una falacia, porque no tiene validez mientras se pueda decidir y siempre es revocable. No es sino un intento de imponer a los demás el valor de la vida por encima de la libertad, una falta de respeto a las personas que mediante el documento de instrucciones previas desean que se respete su voluntad, su derecho a rechazar cualquier tratamiento y a morir con dignidad.
Sobre la ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte de Andalucía.
Felicitamos a los andaluces por dotarse de un Estatuto de Autonomía que reconoce el derecho de todas las personas a la plena dignidad en el proceso de su muerte (art. 20); a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía por liderar una iniciativa legislativa que trata de concretar este derecho y al Parlamento de Andalucía, especialmente a la Comisión de Salud, por reflejar la pluralidad invitando al debate a las organizaciones sociales, como la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente, cuyas aportaciones han sido mayoritariamente aceptadas.
Ante la posibilidad de que se alimente por la fuerza a Aminetu Haidar, la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente quiere hacerles llegar las siguientes reflexiones:
El Tribunal Constitucional en sendas sentencias 120 y 137 de 1990 sobre la huelga de hambre de los presos de GRAPO advierte que “Ello no impide, sin embargo, reconocer que, siendo la vida un bien de la persona que se integra en el círculo de su libertad, pueda aquella fácticamente disponer sobre su propia muerte...es un acto que la ley no prohibe”
1º Solidarizarnos con Aminetu y la lucha del pueblo saharaui. Esperamos y deseamos que la situación se arregle y Aminetu pueda volver a su casa con su familia.
2º Ante las declaraciones del Gobierno sobre la alimentación forzosa, queremos hacer las siguientes puntualizaciones.
La Asociación Derecho a Morir Dignamente de Madrid (ADMDM) se querella como acción popular contra el ex-consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, y seis médicos por denuncia falsa contra el Servicio de Urgencias Hospital Severo Ochoa de Leganés en 2005.